Los movimientos populares de vivienda de la ciudad de São Paulo temen que la criminalización de las ocupaciones abra precedentes para una serie de acciones de desalojo en el centro de la capital paulista.
Las organizaciones se reunieron este martes (1º) después del desplome del edificio Wilton Paes de Almeida, en el Largo do Paissandu, donde vivían cerca de 150 familias. El incidente, que ocurrió después de un incendio durante la madrugada, dejó por lo menos una víctima y el Cuerpo de Bomberos aún busca desaparecidos entre los escombros.
Participaron en el encuentro el Frente de Lucha por Vivienda (FLM por sus siglas en portugués); la Central de Movimientos Populares (CMP); el Frente Pueblo Sin Miedo; el Observatorio de las Remociones, entre otros. Las entidades, que se reunieron en la Ocupación São João, lugar próximo al incendio, se solidarizaron con las familias y repudiaron las declaraciones del gobernador Márcio França (Partido Socialista Brasileño).
Después del incendio durante la madrugada, França declaró que vivir en ocupaciones era “buscar líos” y que es necesario “convencer a las personas de no vivir de esa forma”.
Benedito Roberto Barbosa, abogado y miembro de la Unión de Movimientos por la Vivienda (UMM por sus siglas en portugués), pondera que, desde el desplome del edificio, los órganos públicos culpabilizaron a las víctimas y los medios de comunicación comercial construyeron una narrativa que puede justificar las restituciones de tenencia en la región.
“Esto va a tener un impacto y la intención va a ser desalojar las ocupaciones”, alertó el coordinador de la UMM. “Lo que existe de vivienda fue mucho por la ocupación y lucha de los movimientos. Eso no va a parar de forma alguna y no vamos a aceptar este intento de culpabilizar y criminalizar a los movimientos, queremos soluciones de vivienda.”
El Cuerpo de Bomberos aún trabaja en el lugar. Paulo Pinto / Fotos Públicas
La Alcaldía de São Paulo no tiene un levantamiento oficial y preciso de la cantidad de conventillos, viviendas precarias y ocupaciones en el centro de la ciudad. El dirigente estima que existen más de 80 ocupaciones de edificios en la región central de la capital paulista.
Más temprano, el ex alcalde de São Paulo João Doria, candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) al gobierno, dijo que la "solución" es evitar nuevas "invasiones". Doria estaba en Ribeirão Preto, en el interior del estado, participando de una feria vinculada al agronegocio. El ex alcalde dijo además que "parte de la invasión" habría sido hecha por una "facción criminal", pero no detalló ni aclaró la denuncia.
Tragedia anunciada
Inaugurado en 1966, el edificio de 24 pisos que se derrumbó pertenece al gobierno federal y ya fue utilizado como sede de la Policía Federal y de una agencia de atención del INSS (instituto Nacional del Seguro Social). El edificio se convirtió en propiedad pública en 1992.
Desde 2001 estaba vacío y en 2012 fue ocupado por familias sin ningún vínculo con movimientos organizados de vivienda.
El año pasado, el edificio fue cedido a la Alcaldía de São Paulo, que llegó a realizar el registro de las familias en marzo de este año.
Para el investigador Luiz Kohara, del Centro Gaspar Garcia de Derechos Humanos y de la Universidad Federal de ABC, las instituciones públicas se eximieron de la responsabilidad de la tragedia.
A diferencia de otras ocupaciones en locales que antes eran apartamentos u hoteles, el edificio incluía muchas áreas semi cubiertas, característica que ayudó para que el fuego se esparza rápidamente, según Kohara.
"En los estudios preliminares de viabilidad, no era un edificio adecuado para vivienda. Había muchos espacios semi cubiertos grandes, tenía muchas divisiones de madera delgada y de materiales bastante inflamables. Era un edificio que ya presentaba una situación de riesgo. El sector público ya tenía conocimiento de esa situación de riesgo, no es de hoy", señaló.
El Cuerpo de Bomberos ya había producido un informe sobre la situación crítica de la edificación y lo envió al Ministerio Público, en 2015. En el documento, el órgano señalaba rutas de escape obstruidas y problemas con la instalación de gas del edificio.
El pastor Frederico Ludwig, de la iglesia luterana localizada al lado del edificio y que también fue afectada, contó que ya había alertado a la istración municipal sobre las condiciones del local.
Acción preventiva
Evaniza Rodrigues, investigadora y militante del movimiento de vivienda, defiende que la Alcaldía podría haber trabajado con soluciones paliativas, con la Defensa Civil, para evitar la tragedia.
"Existen políticas que podrían haber sido aplicadas, por ejemplo, la organización de la red eléctrica, hacer rutas de escape. Existió algo muy semejante en las favelas de São Paulo, donde hubo una secuencia de incendios en la década pasada, incendios criminales y otros por accidentes y que generó la necesidad de tener una defensa civil especializada para las familias en las favelas", recordó.
En rueda de prensa, la istración municipal informó que ofreció albergues a las familias, que no aceptaron la medida. La Alcaldía afirmó que va a encaminar a las familias sin hogar para que reciban la ayuda alquiler (bolsa-aluguel en portugués), por el valor de US$ 342 el primer mes y de US$ 114 en los meses siguientes.
Parte de las familias están acampando en el Largo do Paissandu. Rovena Rosa / Agencia Brasil
Luiz Kohara afirma que el Poder Público tiene que dar una alternativa concreta y definitiva de vivienda para las familias. "Ellos no pueden simplemente ir a donde están las personas y decirles que se vayan al albergue porque ellas no lo aceptan, porque estos no son adecuados para familias, no tienen condiciones ni autonomía", dijo el investigador.
Para Evaniza Rodrigues, las personas en situación de vulnerabilidad buscan áreas de riesgo y ocupaciones de edificios cuando no tienen ninguna alternativa. "Ese conjunto de omisiones en las políticas de vivienda, en las políticas para las áreas centrales es lo que causa que las personas no tengan alternativa y recurran a situaciones degradantes y peligrosas de vivienda", afirmó.
La diputada federal Ana Perugini (Partido de los Trabajadores, São Paulo) también estuvo presente en la reunión de los movimientos populares y prometió llevar el asunto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal.
De acuerdo con la Secretaría Municipal de Vivienda de São Paulo, el déficit habitacional de la ciudad de São Paulo es de 358 mil viviendas. Estudios de entidades vinculadas al movimiento de vivienda, estiman que sería posible la adaptación de 400 mil unidades de vivienda en los edificios abandonados o sin función social. O sea, el déficit habitacional podría ser resuelto sin que las familias tuvieran que dejar la región central de la ciudad.
