El coordinador de los grupos técnicos del Gabinete de Transición, Aloizio Mercadante (Partido de los Trabajadores), afirmó que la deforestación en Brasil tendrá una reducción "fuerte e inmediata" en el primer trimestre de 2023.
Para alcanzar la meta, la transición pretende recomponer la plantilla de funcionarios del Ibama, el órgano responsable de la fiscalización ambiental. Otra medida será garantizar un presupuesto para acciones de combate a incendios, que bajó de 54 millones para 38 millones de reales (de 10,4 a 7,3 millones USD), según Mercadante.
Estas y otras acciones de emergencia fueron anunciadas este miércoles 30 durante una rueda de prensa de los integrantes del grupo técnico de Medio Ambiente, compuesto por exministros del área y parlamentarios vinculados a la agenda ambiental.
"Tenemos una quinta parte de las personas movilizadas para combatir la deforestación", afirmó el exministro del Ministerio de Medio Ambiente Carlos Minc, presente en la conferencia de prensa. Según él, también es necesario revocar los decretos que impiden la aplicación de multas ambientales.
Aún sin un ministro de Medio Ambiente definido, el gobierno de Lula quiere iniciar su gestión derogando normas que impiden la fiscalización de las exportaciones de madera. "Conversamos con el sector de la soja para hacer un pacto por la soja sostenible en el Cerrado", agregó Mercadante.
Modernización de la fiscalización ambiental
Por primera vez, Brasil podrá adoptar embargos de tierras a distancia, sin necesidad de que un inspector vaya al área deforestada. Según el equipo de transición, el monitoreo podría basarse exclusivamente en imágenes satelitales, aprovechando la experiencia de las ONG que actúan en el sector.
"Es una medida rápida, barata y efectiva [los embargos a distancia]. Los bancos pueden cortar inmediatamente el crédito para áreas que son deforestadas de manera ilegal", dijo Mercadante.
La reforestación puede generar empleos, dice Marina Silva
Otra preocupación es brindar alternativas para generar ingresos a las poblaciones que participan en actividades ilícitas. La mano de obra que se utiliza en la minería ilegal, por ejemplo, puede ser absorbida en proyectos de reforestación.
"Lula quiere desmantelar la minería ilegal. Existen más de 35 mil garimpeiros en las TI [Tierras Indígenas]. En la agenda de reforestación tenemos 12 millones de hectáreas, con capacidad para generar 260 mil empleos", afirmó Marina Silva, exministra del Ministerio de Medio Ambiente.
Silva también anunció la recuperación actualizada del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm). Responsable de la reducción del 70% de la deforestación durante el gobierno de Lula, el PPCDam fue archivado por Bolsonaro.
Gobierno retiene datos, dice transición
Mercadante calificó de "tierra arrasada" la situación que se encuentra en algunos ministerios, entre ellos el de Medio Ambiente. "La policía ambiental quedó devastada en Brasil. Las agencias ambientales están amordazadas. Nos hemos convertido en un paria ambiental y social", criticó.
Izabella Teixeira, exministra del Ministerio de Medio Ambiente, afirmó que "todas las cifras que estamos recibiendo [del gobierno de Bolsonaro] muchas veces no son verdaderas".
"Hay ministerios que se volvieron especialistas en 'dejar pasar al ganado', pero les cuesta mucho pasar información", ironizó Mercadante en una referencia al ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, quien dijo que la pandemia era una oportunidad para dejar "pasar al ganado", es decir, flexibilizar una serie de normas de protección ambiental y agricultura.
Fondo Amazonía reactivado, pero fuera del "techo de gastos"
Entre las medidas de emergencia, Mercadante dio por hecho la reactivación del Fondo Amazonía, que tiene más de R$ 3 mil millones (aprox. 578 millones USD) listos para ser invertidos en la preservación del bioma. Las transferencias de los países financiadores, Alemania y Noruega, fueron congeladas durante el gobierno de Bolsonaro.
Para 2023, se espera que haya más transferencias al Fondo Amazonía. El Reino Unido ha expresado interés en unirse a la lista de financiadores. Mercadante defendió que los recursos se queden fuera de la limitación presupuestaria federal conocida como "techo de gastos". "[El Fondo Amazonía] no es un impuesto, es una donación", explicó.
"Habrá una reducción fuerte e inmediata de la deforestación en Brasil ya en el primer trimestre del gobierno de Lula. No más pereza e impunidad. Quien deforeste, sufrirá las consecuencias legales", dijo Mercadante.
