El exfiscal y exdiputado Deltan Dallagnol negoció con las autoridades estadounidenses el reparto de los montos recaudados por Petrobras relacionados con multas y sanciones por un esquema de corrupción. Según investigaciones de los sitios de noticias UOL y A Grande Guerra, la negociación se realizó en secreto y no involucró a la Contraloría General de la Unión (CGU), que es la encargada de monitorear este tipo de situaciones.
Las conversaciones que evidencian la negociación fueron encontradas por la Policía Federal brasileña en el marco de la Operación Spoofing, que investigó el hackeo de aplicaciones de mensajería por parte de los fiscales y el exjuez Sergio Moro.
La negociación se dio entre fiscales brasileños y suizos, ya que las autoridades de Berna, la capital de Suiza, investigaban las cuentas utilizadas para destinar dinero proveniente de la corrupción. Las autoridades estadounidenses también fueron incluidas en las conversaciones, ya que la Justicia de EE. UU. estaba investigando los casos.
El 29 de enero de 2016, por ejemplo, Dallagnol dijo a las autoridades suizas que Petrobras llegaría a un acuerdo con el sistema judicial de EE. UU. para pagar una multa de 853,2 millones de dólares estadounidenses a fin de evitar el enjuiciamiento. Un año antes, Dallagnol recibió al menos a 17 agentes estadounidenses en Curitiba sin el conocimiento del Ministerio de Justicia, que debería haber sido informado.
Durante las conversaciones y reuniones, los fiscales de la Operación Lava Jato sugirieron a las autoridades estadounidenses mecanismos para eludir una decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño, que prohibió a la Justicia estadounidense escuchar a denunciantes involucrados en procesos de Petrobras. Fue a partir de estas conversaciones que Estados Unidos logró después escuchar a Néstor Cerveró y Alberto Youssef, aunque en Brasil.
Dallagnol fue alertado en 2016 sobre las conversaciones y visitas por el fiscal Vladimir Aras, quien estaba a cargo de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República. Deltan respondió que no sería "conveniente" pasar los acuerdos por el Ejecutivo.
"La cuestión no es de conveniencia. Es de legalidad, Delta. El tratado tiene fuerza de ley federal ordinaria y atribuye la intermediación al MJ [Ministerio de Justicia]. Estamos negociando con el Senado una ruta específica para los casos del MPF [Ministerio Público Federal]. De momento, debemos observar las normas vigentes", respondió Vladimir Aras.
